jueves, 26 de enero de 2012

Denuncian la inversión de las empresas españolas en Perú

[nota extraída de Tercera información]

Bajo el lema “No a la inversión (invasión) de las transnacionales” se denuncian los fines del evento “Invertir en Perú” y el acuerdo comercial entre la UE y Perú.

Hoy jueves 26 de enero se reunen en Madrid las autoridades políticas y económicas de España y el Perú, así como grandes grupos empresariales españoles, con el fin de analizar las posibilidades de inversión y las oportunidades de negocio que representa este país para las empresas multinacionales. El llamado encuentro “Invertir en Perú”, está organizado por los diarios El País (España) y La República (Perú) y financiado por BBVA, Telefónica y Repsol.

Desde las organizaciones sociales, analizando la realidad peruana, se dice tener en cuenta un doble conflicto: Por un lado, encontramos el creciente rechazo ciudadano a los proyectos mineros, que llevan años sufriendo las consecuencias de las industrias extractivas. En los años 90, durante el gobierno de Fujimori, se inició la política de apertura a las empresas extranjeras provocando durante los últimos 20 años, evasión fiscal, pobreza en la población local, así como graves violaciones a los Derechos Humanos.

Precisamente, las regiones mineras del Perú se encuentran en el ránking de las más pobres. Según datos del INEI, en la región norteña de Cajamarca la pobreza alcanzó un 49.1% en 2010. Actualmente, Cajamarca está viviendo un conflicto que ha movilizado a miles de personas en contra del nuevo proyecto de Minera Yanacocha, el llamado proyecto Conga, que afectaría a tres de los principales ríos de la región, desestabilizando un ecosistema frágil a 4.000m de altura del que depende el desarrollo de la vida y la economía tradicionales en esas cuencas.

Por ello, Ecologistas en Acción, ISF, ACSUR y otros colectivos, demandan a los gobiernos de España y Perú, así como al Parlamento Europeo, que no ratifique el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, mediante el cual se entregarán los servicios públicos y los recursos naturales de Perú a las grandes empresas transnacionales que sólo buscan maximizar sus ganancias, sin que existan condicionen para el cumplimiento de los derechos humanos. El acuerdo ampliaría las inversiones en ámbitos como la minería y los agronegocios, que, como indican los propios estudios de evaluación de impacto de la Comisión Europea (CE) incrementarán aún más los conflictos por la tierra.

La UE persigue con su “nueva” iniciativa de Materias Primas el libre acceso a las materias primas y ejerce una presión enorme sobre los países exportadores, utilizando los acuerdos comerciales y de inversión para obtener ventajas para sus empresas. Todo ello agudizaría la pobreza, las condiciones de trabajo infrahumanas y abusos de los derechos humanos en los países extractivistas y dañaría –aun más- la salud de la población local (afectando especialmente el acceso a agua potable y las enfermedades vinculadas a ello). Nos parece inaceptable que la UE pretenda prohibir a Perú las restricciones a las exportaciones de recursos naturales porque depende de la importación del 80% de las materias primas metálicas que las compañías europeas emplean para manufacturar bienes de consumo (desde coches hasta teléfonos móviles).

Por ello, bajo el lema “No a la inversión (invasión) de las transnacionales”, las organizaciones sociales, denuncian la impunidad con la que empresas españolas están violando a los derechos fundamentales. Rechazan que el gobierno español, a través de la AECID, esté financiando proyectos de internacionalización de empresas transnacionales españolas como es el caso de Repsol YPF cuando en realidad debe ser juzgado por la contaminación continuada en zonas amazónicas y la afectación de los pueblos indígenas. Denuncian la violación de los derechos indígenas en Perú, especialmente los contemplados por el Convenio 169 de la OIT, que exigen el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas previo a la ejecución de un proyecto en sus tierras. Y destacan que los TLC entre Europa y Perú implican un tremendo esfuerzo en cuanto a la reducción de los aranceles, que disminuirá los ingresos fiscales (en el caso de Perú, se estima del 27,8 por ciento) y socavará los sectores agrícolas por la entrada de productos europeos. Asimismo impediría que Perú tome las medidas necesarias para impulsar el empleo en industrias locales o que regule las finanzas en un período de inestabilidad financiera y económica mundial.

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