odo empieza a partir de una idea deslumbrante. Para poner fin a la
inflación que devasta al país a su llegada al poder en 1989 (
1),
el presidente peronista Carlos Menem –acompañado por su súper ministro
de Economía Domingo Cavallo, formado en Harvard y ex funcionario de la
dictadura (1976-1983)– fija la tasa de cambio de la moneda argentina de
manera rígida: 1 peso=1 dólar. Este sistema es bautizado
“convertibilidad”. Al principio, esta política alentada por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) tiene éxito: la inflación desaparece, el
crecimiento económico se afirma.
El 1º de enero de 2001, Grecia
cumple con los requisitos de Maastricht y se une a la zona euro. Un año
más tarde, las monedas acuñadas de la nueva divisa reemplazan al dracma,
la antigua moneda nacional.
• • •
Después de la crisis
mexicana (1994-1995), Buenos Aires tiene dificultades para financiarse
en los mercados: el alza de las tasas de interés –que alcanzan el 20%–
pesa sobre su presupuesto. Dado que varias crisis golpearon a las
naciones emergentes (el Sudeste Asiático, Rusia, Brasil), el dólar,
convertido en inversión refugio, ve crecer su valor. El matrimonio de
amor del peso con el billete verde se vuelve en contra de Buenos Aires:
al quitarle al Banco Central toda autonomía, el gobierno perdió el
control de su política monetaria. Cuando varios vecinos importantes,
como Brasil, devalúan su moneda, cuando el dólar sube en relación al
euro, Argentina pierde toda competitividad en sus mercados, tanto
próximos como lejanos. El año 1998 marca así el tránsito del crecimiento
a la recesión.
Con el pasaje al euro, la industria griega se las ve
con una moneda fuerte en relación con el dracma: su producción “cuesta
cara”.
• • •
Cuando, el 10 de diciembre de 1999, Menem cede
el lugar al radical Fernando de la Rúa, líder de una coalición de
centroizquierda –la Alianza, integrada por la UCR y el Frepaso–, a quien
el ex primer ministro griego no hubiera desaprobado, la economía está
en ruinas. Sobre 36 millones de argentinos, 14 millones viven,
oficialmente, por debajo del umbral de pobreza. El FMI, el eterno e
intachable protector del género humano, promete al nuevo gobierno un
préstamo de 10 mil millones de dólares para refinanciar su deuda, con la
condición de que se comprometa a poner en práctica un programa de
austeridad. El poder, respetuoso como empleado doméstico recién
contratado, para evitar toda moratoria o falta de pago –la deuda pública
alcanza los 147.800 millones de dólares–, elabora un “plan de ajuste
estructural”. En junio de 2000, una huelga general paraliza el país.
El
30 de noviembre de 2009, mientras los ministros de Economía europeos
expresan su preocupación, Papandreu –que ha sucedido a un primer
ministro conservador, Kostas Karamanlis– admite que la economía griega
se encuentra en “terapia intensiva”. El 3 de marzo de 2010, anuncia el
primer plan de austeridad.
Hacia el estallido socialUna
multitud de economistas del FMI, del Banco Mundial (BM) y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) apremian con el sin duda último “plan
de salvataje”. “El FMI no permitirá a Argentina obtener el apoyo
prometido en tanto el gobierno no ponga en práctica, por ley o por
decreto, el conjunto de medidas anunciadas por el Presidente” (
2),
advirtió el 23 de noviembre de 2000 Stanley Fischer, director general
de una institución que, en caso de necesidad, sabe mostrarse
desagradable. Entonces, por decreto, De la Rúa desmantela lo que queda
del servicio público de las jubilaciones, desregula la seguridad social,
flexibiliza el mercado de trabajo, liberaliza el sector de la salud.
El 23 de abril de 2010, Atenas obtiene un primer préstamo de 45.000 millones de euros acordados por la Unión Europea y el FMI.
• • •
Los
enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejan sus primeras
víctimas. Los escraches –insultos, pedradas o huevazos, agresiones
físicas–, los piquetes en la ruta y los cacerolazos se multiplican. El
18 de diciembre de 2000, utilizando racionalmente las incompetencias,
una coalición de economistas internacionales aportada por el FMI
gratifica a Buenos Aires con un nuevo plan de “ayuda” de un monto total
de 39.700 millones de dólares en tres años. ¡Gracias a estas medidas,
Argentina se salvará! Tanto que De la Rúa anuncia una nueva reducción
del gasto público y, el 20 de marzo de 2001, nombra ministro de Economía
al señor “peso-dólar”, Cavallo. Su retorno, saludado (momentáneamente)
por la Bolsa, el FMI y los mercados, entusiasma al Financial Times: sus
logros le han permitido en efecto “encarnar una leyenda entre los
inversores internacionales y los políticos del mundo entero” (
3).
Y llena de esperanza al primer ministro británico Anthony Blair y al
presidente George W. Bush, que expresan públicamente su satisfacción.
El
2 de mayo de 2010, con el ánimo de “poner término a la crisis”, los
ministros de Economía europeos acuerdan conceder a Grecia un “plan de
salvataje” de 110.000 millones de euros.
• • •
Para evitar la
cesación de pagos, y porque la posibilidad de una moratoria declarada
unilateralmente está dogmáticamente descartada, Cavallo inventa el
“megacanje”, a través del cual los títulos de la deuda a corto plazo
(29.500 millones de dólares) son canjeados por títulos a largo plazo
(hasta treinta años), pero –acelerando la catástrofe– con intereses
fabulosos. A continuación se propone el “déficit cero” por medio de la
disminución de un 13% de los salarios y pensiones de más de 500 pesos
(500 dólares); una medida que afecta al 92% de los empleados del Estado y
al 15% de los jubilados. Cientos de pequeñas y medianas empresas
(pymes) bajan la cortina. Como la peste de la Edad Media, el horror
económico empuja a los piqueteros –desocupados que eligieron como medio
de acción cortar las rutas– a levantar innumerables piquetes, y a una
multitud de argentinos a lanzar una huelga general, el 20 de julio de
2001. Las agencias de gestión de riesgos Standard & Poor’s y Moody’s
anuncian que clasificarían a Argentina en “cesación técnica de pagos”.
Un portavoz del Departamento del Tesoro estadounidense completa el
mensaje precisando: “Probablemente serán necesarios más sacrificios por
parte de la población argentina para llegar a obtener la situación de
equilibrio deseada” (
4).
Dado
que los bancos eran incapaces de hacer frente a las demandas de retiro
de los depósitos efectuados en pesos y en dólares, el gobierno impone a
partir del 3 de diciembre de 2001 estrictas medidas que limitan las
salidas de dinero hacia el extranjero. Sobre todo, prohíbe a los
ahorristas el acceso al dinero líquido de sus cuentas bancarias, y hace
entrar en vigencia “el corralito”. Para colmo, surge la hipocresía,
disfrazada de virtud: mientras que la recaudación fiscal registra una
nueva caída récord en noviembre (el -11,6 %), y las medidas de fuerza
paralizan la actividad económica y provocan una recesión que dura tres
años, la agencia Fitch baja la nota de la deuda pública de C a DDD
(default de pago). El FMI anuncia que no desembolsará los 1.260 millones
de dólares acordados anteriormente.
¡Séptima huelga general! A
partir del 12 de diciembre, importantes manifestaciones se despliegan,
se amplifican y son reprimidas (hay siete muertos y trescientos setenta y
ocho heridos). Estas manifestaciones desembocan en el saqueo de
supermercados y de comercios por parte de los excluidos, desprovistos de
toda cobertura social. La clase media hace sonar ruidosamente sus
cacerolas. Sin banderas ni dirigentes, miles de descontentos comienzan a
desplazarse y a bramar como un mar enfurecido. Como única respuesta, De
la Rúa decretará el estado de sitio e intensifica la represión
policial: treinta y cinco muertos, más de cuatro mil quinientos
detenidos. Pero la movilización popular no cede. El 19 de diciembre,
siguiendo en su desbande al impopular Cavallo, el gabinete de ministros
presenta su renuncia. Al día siguiente, a mitad de su mandato, De la Rúa
trepa a un helicóptero y abandona la Casa Rosada.
El 19 y 20 de
octubre de 2011, una huelga general y violentas manifestaciones
paralizan a Grecia; Dimitris Kotsaridis, uno de los manifestantes,
pierde allí su vida.
El final de la convertibilidadMientras
que la incuria de las prescripciones del FMI, del Banco Mundial y de
sus amigos (una suerte de “troika”) queda públicamente expuesta, el
peronista Adolfo Rodríguez Saá es designado presidente por el Congreso.
Ante la Asamblea Legislativa, declara que no pagará un céntimo de la
deuda. Defiende una política de relanzamiento, habla de crear un millón
de empleos y pretende volver atrás con la disminución de las
jubilaciones y la flexibilidad laboral. Estas primeras decisiones –que
tienen “más puntos en común con el populismo más recalcitrante que con
la imagen renovadora y moderna que pretende representar el presidente
interino”– preocupan a los mercados (que tienen como intérprete, en este
caso preciso, al diario español El País, el 28 de diciembre de 2001).
Mientras
la población exige soluciones concretas, las manifestaciones callejeras
no cesan. “No tengo más opción que presentar mi renuncia irrevocable”,
capitula Rodríguez Saá, siete días después de haber asumido sus
funciones.
El peronista Eduardo Duhalde es nombrado para el resto del
mandato, es decir, hasta diciembre de 2003. Es el quinto presidente en
quince días. Apenas constituido, el gobierno envía al Parlamento una
“ley de emergencia” que, aprobada el 6 de enero de 2002, comporta
modificaciones fundamentales en materia de política económica. Se trata,
para relanzar la actividad, de devaluar el peso en un 30%, poniendo fin
a la paridad fija impuesta en 1991. “El discurso y los gestos, sin
dejar de ser populistas, son ahora más prudentes”, observa El País, el 3
de enero. ¿“Populistas”? Por supuesto: la devaluación amenaza con hacer
perder 3.000 millones de euros a las multinacionales españolas que se
deleitan en Argentina como en un país conquistado (y a quienes la Bolsa
de Madrid castiga con frecuencia severamente).
La opción que consiste
en hacer cualquier cosa con tal de preservar su lugar dentro de la zona
euro impide a Grecia devaluar su moneda para intentar relanzar sus
exportaciones.
• • •
Las empresas concesionarias de servicios
públicos privatizados, a menudo de origen extranjero, reclaman aumentos
de tarifas que van desde el 40% al 260%. “Nunca en mi vida recibí
tantas llamadas telefónicas de todos los grupos instalados en Argentina
que no quieren que toquemos sus privilegios”, confesará un poco más
tarde el presidente Duhalde (
5).
El 27 de enero, lanzando una advertencia que suena como una amenaza, el
Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios Pedro Solbes
denuncia “las carencias y las contradicciones” del programa económico
argentino. El Crédit Agricole, el Banco Santander y el Scotiabank
hicieron mutis por el foro dejando decenas de miles de argentinos sin
ahorros.
A pesar de las declaraciones oficiales que van en el
sentido del rigor, el gobierno le teme más a una enésima explosión
social que al descontento de los inversores extranjeros, de Estados
Unidos o del FMI. Mantiene, pues, la moratoria decretada por Rodríguez
Saá. El FMI reacciona pidiéndole al nuevo presidente un “plan
coherente”: negará toda asistencia mientras perdure la política en
curso, y le dan un año a Argentina para pagar su deuda.
El 31 de
octubre de 2011, Papandreu anuncia que someterá al voto de los
ciudadanos el acuerdo elaborado durante la cumbre europea del 27 de
octubre (que apuntó a “salvar” otra vez a Grecia imponiéndole una nueva
dosis de austeridad). Reprendido por Alemania, Francia, Bruselas y el
FMI, renuncia el 3 de noviembre.
• • •
En su discurso de
asunción, Duhalde había afirmado que los depósitos bancarios bloqueados
por el corralito serían restituidos en la moneda original. Pero dando
marcha atrás sobre sus compromisos, anuncia que los ahorristas
recuperarán su dinero en pesos y no en dólares, sobre la base de 1,40
pesos por dólar, mientras que, según la tasa de cambio libre, este
cuesta ya 1,65 pesos. En abril, el FMI, manejando la situación –a menos
que, simplemente, no tuviera ninguna idea de lo que convenía hacer–,
otorga 710 millones de dólares para financiar el déficit de las
provincias. Compartiendo con sus interlocutores un verdadero gusto por
la repetición, Duhalde se compromete a realizar… recortes en el gasto
público. En el transcurso de los tres meses anteriores, las empresas
procedieron a ciento setenta mil despidos; el desempleo alcanza
oficialmente el 25%. En la provincia de Buenos Aires, la suspensión de
las becas sacó de las escuelas a aproximadamente ciento treinta mil
alumnos de los barrios menos favorecidos.
El 20 de febrero de 2012,
los ministros de Economía de la zona euro se ponen de acuerdo para
aportar a Grecia una ayuda suplementaria de 130.000 millones de euros a
cambio de nuevas medidas de austeridad. El ministro de Economía holandés
Jan Kees de Fager pide que la Unión Europea y el FMI establezcan
“vigilancia permanente” sobre Atenas.
El giro kirchnerista¿Vigilancia? En Argentina se impone otra lógica.
A
fines del año 2001 surgen por todas partes asambleas populares,
organizaciones de desocupados y de piqueteros, redes de trueque, centros
de salud o de educación; los trabajadores toman en autogestión las
fábricas abandonadas (
6).
Los políticos, los miembros del gobierno, los jueces ya no se atreven a
aparecer en público: fueron demasiado ávidos, demasiado corruptos; el
país entero los vomita. La pesadilla de la ruina hace sublevarse a las
comunidades campesinas. En la ciudad, vuelven los cacerolazos; los
sindicatos de desocupados y demás, gente de los suburbios que ya no
puede satisfacer su hambre bloquean el acceso a la Capital. En un caos
total, al grito de “¡Que se vayan todos!”, los argentinos se levantan de
nuevo, dejando sobre el pavimento dos muertos y ciento noventa heridos
(sin hablar de ciento sesenta detenidos).
El 26 de junio de 2002, la
represión feroz de una manifestación de piqueteros –la “masacre de
Avellaneda” – cobra dos nuevas víctimas y treinta y tres heridos de
bala. Ante la indignación popular, Duhalde anuncia elecciones
anticipadas, seis meses antes del término previsto.
En diciembre, en
las calles de Buenos Aires, todavía desfilan cerca de cien mil personas,
reclamando una “asamblea popular” donde se discuta un “cambio radical
del modelo económico”.
Las negociaciones con el FMI, que están
congeladas desde diciembre de 2001, permanecen en un punto muerto. Para
muchos, Argentina, convertida en un paria financiero, como Irak, Liberia
o Somalia, tiene ya un pie en la tumba. Tanto es así que el sociólogo
francés Alain Touraine la entierra: “[Argentina] No tiene ninguna
capacidad de transformarse y de tomar decisiones. Como unidad, como país
y como sistema político está muerta” (
7). Muerta, quizás, pero todavía se mueve. Y mucho.
Durante
la campaña electoral, tres candidatos se presentan en nombre del
peronismo: Carlos Menem, el efímero presidente Rodríguez Saá, y Néstor
Kirchner, desconocido por la mayoría, pero gobernador de centro
izquierda de la provincia de Santa Cruz. El 27 de abril de 2003,
Kirchner y Menem van a la cabeza con el 24,34% y el 21,9% de los votos,
respectivamente. El 14 de mayo, dado por
“aplastado-derrotado-aniquilado” por los sondeos, Menem –que anunció
que, si él resultaba elegido, no dudaría en llamar al ejército para
terminar con el “desorden”– renuncia a disputar la segunda vuelta. El 25
de mayo, en su discurso de asunción, Kirchner se presenta como defensor
de la justicia social y partidario de un rol acrecentado del Estado,
para “poner igualdad donde el mercado excluye”. Mientras que Estados
Unidos sólo envía a un funcionario de segunda línea, el secretario de
Vivienda y Desarrollo Urbano Mel Martínez, a nadie se le escapa que en
el aplausómetro de las delegaciones extranjeras, con el presidente
cubano Fidel Castro, el venezolano Hugo Chávez y el brasileño Luiz
Inácio Lula da Silva, se viene abajo el techo.
Los inversores
extranjeros siguen reclamando una revaluación sustancial de las tarifas
de servicios públicos privatizados (medida también exigida por el FMI).
Por su lado, Kirchner y su ministro de Economía Roberto Lavagna deciden
controlar las entradas de capitales especulativos y anuncian un aumento
del 50% del salario mínimo con el fin de relanzar el consumo.
A
partir de entonces, la política del presidente toma un rumbo exactamente
opuesto al que devastó al país. Rompe las “relaciones carnales”
mantenidas desde los años noventa con Estados Unidos y gira hacia el eje
progresista latinoamericano. Reafirma el rol de la voluntad en
política, y del Estado en la economía. Une saneamiento financiero y
desarrollo de la protección social, reconstrucción de la oferta
industrial y sostén de la demanda popular. A partir de septiembre de
2002, como consecuencia de la muy fuerte depreciación del peso que, al
proteger la industria, permite la reconquista del mercado interno y la
sustitución de ciertas importaciones, había vuelto el crecimiento; su
tasa, también favorecida por el dinamismo de las exportaciones, aumenta
fuertemente.
Al observar esta recuperación, el FMI desea, por
supuesto, que Buenos Aires consagre una parte del excedente de su
recaudación fiscal a mejorar la oferta por la deuda. Como toda
respuesta, Kirchner propone retomar los pagos a cambio del abandono, por
parte de los actores financieros, de una parte de su crédito. Y, de
hecho, en septiembre de 2003, en ocasión de las asambleas generales del
FMI y del Banco Mundial que se realizan en Dubai, define personalmente
su oferta como “para tomar o dejar”, negociando en forma directa con el
mercado en lugar de someterse a él. De esta manera arranca a los
gendarmes monetarios una moratoria que difiere a tres años (hasta
diciembre de 2006) la cobertura de 12.500 millones de dólares; prorroga
el plazo de reembolso de 2.430 millones de dólares por los cuales
Argentina está en default de pago y, sobre todo, se niega a tomar ningún
compromiso en cuanto a la aplicación de las tradicionales recetas del
Fondo.
Finalmente esta posición dura fue exitosa, y la
reestructuración obtenida el 25 de febrero de 2005 creó un precedente
interesante, por no decir un ejemplo. Ese día, Argentina impuso una
reducción de su deuda pública, tanto interna como externa (178.700
millones de dólares), gracias a una quita del 70% aplicada a 82.000
millones de dólares, la quita más grande de todos los tiempos (
8).
De esta suma, el 43,5% estaba en manos de ahorristas individuales no
residentes (entre ellos, muchos italianos y alemanes), el 34,5%
pertenecía a inversores institucionales extranjeros y el 22% a
argentinos. Los montos debidos al FMI, al Banco Mundial y a otros
organismos internacionales no estaban comprendidos en el acuerdo (
9) –lo que algunos, partidarios de una respuesta (todavía más) fuerte, reprocharán al presidente–.
Tachado
de “populista”, criticado por su rechazo a criminalizar la protesta
social, a veces acusado de autoritarismo, el presidente Kirchner, si
bien no arregló todos los problemas de su país, nacionalizó una cantidad
de empresas estratégicas– como el Correo y el servicio de agua
potable–, financió importantes programas sociales y redujo la tasa de
pobreza a la mitad en cuatro años. “Hemos logrado la mejor negociación
del mundo para la más importante deuda del mundo”, declaraba en Dubai
ese 25 de febrero de 2005. En el mes de diciembre siguiente, gracias a
la ayuda de Venezuela (adquirente de 1.600 millones de dólares de
obligaciones), el país se dará el lujo de pagar de golpe la deuda
contraída con el FMI (9.800 millones de dólares). También sobre este
punto se dejarán oír las críticas. Pero, para Buenos Aires, la medida
tenía un objetivo importante: impedir a los responsables de la
catástrofe de 2001-2002 meter otra vez las narices en los asuntos del
país.
Al recobrar la soberanía el país se levantó espectacularmente,
hasta el punto de que, entre 2003 y 2011, su Producto Interno Bruto
(PIB) se triplicó. Obviamente, el sector exportador griego no es el
argentino y, desde 2001, Buenos Aires aprovechó el rayo de luz sobre la
economía mundial, estimulada por el crédito barato y la demanda china en
materias primas. Atenas no puede contar realmente con un entorno
semejante para recuperarse. Pero esto no debe impedirle meditar sobre la
moraleja de este precedente. Moraleja que, al año siguiente, Joseph
Stiglitz, premiado en 2001 con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias
Económicas en homenaje a Alfred Nobel, formuló en estos términos al
observar el desastre argentino: “Todo economista digno de ese nombre
habría podido predecir que las políticas de austeridad provocarían un
enlentecimiento de la actividad impidiendo que los objetivos
presupuestarios sean alcanzados” (
10).
Entonces, ¿por qué no pensar ahora en la situación de Grecia?
1. En promedio, 1.105% entre 1985 y 1990.
2. El País, Madrid, 24 de noviembre de 2000.
3. Tomado de Courrier International, París, 20 de diciembre de 2001.
4. El Nuevo Herald, Miami, 14 de julio de 2001.
5. Le Monde, París, 8 de enero de 2002.
6. Véase Cécile Raimbeau, “En Argentine, occuper, résister, produire”, Le Monde diplomatique, París, septiembre de 2005.
7. El País, 14 de abril de 2002.
8.
Al cabo de largas negociaciones con los acreedores que la habían
rechazado, esta quita del 75% será finalmente aceptada en 2010 por cerca
del 93% del monto total de las sumas implicadas.
9.
Entre 2001 y 2004 Buenos Aires les pagará más de 10.000 millones de
dólares. Argentina debe aún 6.700 millones de dólares (fuera de los
intereses) al Club de París; en noviembre de 2010, éste aceptó
renegociar el arreglo de esta deuda pero, como lo reclamaba el gobierno
argentino desde hace dos años, sin la intervención del FMI.
10. Les Echos, París, 21 de enero de 2002.
No faltan antecedentes1868: Estados UnidosAl final de la guerra civil, Washington declara “nula” la deuda de la Confederación.
1898: CubaDespués de su victoria contra España, Estados Unidos denuncia los créditos detentados por Madrid sobre el pueblo cubano.
1918: Unión SoviéticaLos bolcheviques repudian la deuda zarista.
1998: RusiaMoscú decreta la suspensión unilateral de su deuda hacia países del Club de París (
11) y bancos privados.
2003: IrakEstados Unidos declara “odiosa” la deuda iraquí y solicita a Alemania, Francia y Rusia renunciar a sus créditos.
2007: EcuadorUn
auditor dictamina la ilegitimidad de una gran parte de la deuda
pública. Quito impone a sus acreedores la compra, por 900 millones de
dólares, de títulos que valen 3.200 millones de dólares.
2008: IslandiaLa población islandesa se moviliza contra el pago de una deuda ligada a las actividades del banco privado Landanski (
12).
Amenazado con represalias por los gobiernos británico y holandés, tanto
como por los inversores, el país ve, sin embargo su “nota” realzada de
BB+ a BBB- por la agencia Fitch, el 17 de febrero de 2012.
Extraído
de la presentación “Dette odieuse: toute une histoire”, de Claude
Quémar (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, CADTM),
Lieja, 22 y 23 de octubre de 2011, y del libro AAA.: Audit, Annulation,
Autre Politique, de Damien Millet y Eric Toussaint, Seuil, París, 2012.
11.
Grupo informal de acreedores públicos. Los miembros permanentes son
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Federación de Suecia y Suiza.
12.
Véase Silla Sigurgeirsdóttir y Robert Wade, “Islandia, un pueblo que
vota contra los banqueros”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur,
mayo de 2011.
* Periodista.
