lunes, 19 de marzo de 2012

Las venas abiertas globales


[NOTA ORIGINAL EN ARTEPOLÍTICA]




“Un puñado de intereses egoístas han acumulado una desproporcionada fracción del éxito económico de la nación y ahora sienten que tienen el derecho de darle forma al futuro de nuestro país para satisfacer sus propios deseos”.

No se trata de un dirigente político latinoamericano lanzándole dardos a algún poderoso actor de la economía local en el marco del proceso de reformas que suele atravesar el continente. La declaración y la consiguiente polémica partió hace pocos días del viceprimer ministro y titular del Tesoro australiano, Wayne Swan.

Así se desarrolla un capítulo más de la polémica del gobierno laborista australiano con algunas de las enormes empresas mineras locales y que, visto desde este lado del mundo, permite complejizar las visiones sobre los conflictos que también protagoniza ese sector en nuestro país.

Para tener una idea: el tamaño de la economía australiana triplica a la de la Argentina. El producto per cápita de la isla es unas seis veces mayor que en la Argentina. Y de 2007 a la actualidad, las reservas internacionales de Australia aumentaron unos 15 mil millones de dólares, según cifras del Banco Mundial.

En ese contexto, la minería australiana es un verdadero monstruo. Las exportaciones de minerales en la Argentina sumaban en 2008 el 6 puntos del producto, luego de un exponencial crecimiento. Las empresas del sector en Australia, en tanto exportaron por 87 mil millones de dólares en 2011, más que los casi 70 mil millones de dólares que totalizan las exportaciones anuales argentinas.

Una imagen más para comprender la situación: Georgine Rinehart es una de las personas a las que estuvieron dirigidas las durísimas críticas del número dos del gobierno australiano. Se trata de una empresaria del sector minero que posee la mayor fortuna del país. Ocupa el puesto 29 entre los billonarios monitoreados por la revista Forbes. Ciento treinta y siete puestos más abajo se ubican los hermanos Paolo y Gianfelice Rocca, los primeros conocidos nuestros en la nómina.

Esta disputa entre “gigantes” -un Estado mucho más rico que el argentino, con ciudadanos con una mejor calidad de vida, por un lado, y empresas con mucho más poder de fuego que las que actúan aquí- permite, al menos colocar un signo de interrogación sobre algunas ideas en torno al conflicto minero local. Sobre todo con respecto a la imagen de que la situación de la minería en la Argentina es equiparable a la dinámica de las “economías de enclave” que en los libros de texto se identifica con el accionar de empresas como la United Fruit Company, a principios de siglo, en Centroamérica.

Aquella compañía con sede en el centro del poder mundial no contaba con explotaciones en su propio país, ni causaba allí impacto ambiental alguno.

¿Estamos ante empresas del “centro” que vienen a extraer las riquezas de la “periferia”? ¿Estamos ante un nuevo capítulo de lo que Eduardo Galeano describiera en sus “Venas Abiertas de América Latina”? ¿O quizás nos encontramos ante un fenómeno mucho más complejo y, para peor, que implica una mucho más difícil conciliación (o disputa) de intereses por parte de gobiernos como el argentino, que aún deben dar cuenta de enormes necesidades en gran parte de su población?
En Australia, la tensión viene de 2010, cuando el ex primer ministro Kevin Rudd -también laborista- quiso imponer un impuesto a las “super ganancias” mineras, del orden del 40 por ciento.

Las empresas del sector, según publicó el diario The Sydney Morning Herald el año pasado, gastaron entonces 22 millones de dólares en una campaña pública por medios audiovisuales para atacar el proyecto de impuesto. El monto significa casi del 10 por ciento de la inversión publicitaria que todas las empresas argentinas realizan en TV por cable en un año.

La campaña se extendió durante seis semanas y fue un factor clave para forzar la renuncia de Rudd, quien le dejó su puesto a  la dirigente de su mismo partido, Julia Gillard. Entre las compañías que estuvieron involucradas en la campaña se encuentran Río Tinto -que en la Argentina opera en Salta a través de Borax Argentina S.A.- y BHP Billiton -con múltiples emprendimientos en Chile-.

Al asumir, Gillard negoció una reducción en la alícuota del proyecto inicial para las grandes compañias mineras, aunque ahora enfrenta una nueva turbulencia, por su iniciativa de enfocar el impuesto sobre la producción de hierro y al carbón. La alícuota que se discute en el Parlamento es del orden del 30 por ciento y afecta a las empresas del sector con altos niveles de ganancias.

“El creciente poder de intereses egoístas está afectando nuestra igualdad y amenaza a nuestra democracia”, enfatizó ahora el viceprimer ministro Swan, al retomar la ofensiva política contra las empresas del sector minero.

Si la intención es complejizar la mirada sobre un sector que ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años en la Argentina sobre la base de una legislación nacida con las reformas neoliberales de los 90, habría que señalar que, de replicarse en otras partes del mundo, el impuesto impulsado por el gobierno australiano no sólo afectaría a empresas de los países centrales. Basta con comprobar que la multinacional brasileña Vale es la mayor productora de hierro del mundo.

Puede agregarse un elemento reciente si queremos entender que las tensiones y disputas provenientes de la explotación minera a nivel global requieren más inteligencia, información y decisión política: Ecuador -un país que suele ser citado por sus políticas anti-neoliberales e impulsoras de una democracia más “participativa”- acaba de firmar su primer contrato de minería a gran escala. Lo hizo con la empresa china Ecuacorriente (Ecsa), lo que motivó protestas de ambientalistas que incluyeron la ocupación de la embajada del país asiático en Quito.

“No podemos ser mendigos sentados sobre un saco de oro”, enfatizó el presidente Rafael Correa, quien cerró un acuerdo para que el Estado se quede con el 52 por ciento de la renta que genere el nuevo emprendimiento.

La manera en que los Estados enfocan la regulación de las explotaciones mineras alrededor del mundo es disímil y depende de múltiples factores. A su vez, la discusión sobre si este tipo de actividades, en particular las explotaciones metalíferas cielo abierto, son o no convenientes o deseables para las distintas poblaciones involucran enormes discusiones y disputas en la arena pública.

Lo que parece cierto es que imponer condiciones a compañías multinacionales -que no siempre tienen sede en los países centrales y que no sólo actúan lejos de sus oficinas principales- con enormes recursos a mano implica imponentes desafíos. De igual modo, equiparar la situación actual “geopolítica” del sector a la de otro tipo de dinámicas registradas décadas atrás puede inducir a errores de enfoque y estrategia.

Estos elementos hacen pensar que los obstáculos a atravesar por parte del Estado y la sociedad argentinas -así como las latinoamericanas- de cara a lograr desarrollo con distribución del ingreso y sustentabilidad ambiental en lo que hace al sector minero no parecen ni pequeños ni de simple abordaje.

Foto.

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