YPF – Repsol y la guerra de los tahúres

[NOTA ORIGINAL EN LA HISTORIA DEL DÍA]

El fracaso y las contradicciones de la estrategia empresarial de “argentinización” de YPF, que hacen que Repsol no sea capaz de asumir financieramente la puesta en explotación de las reservas de hidrocarburos de la zona de Vaca Muerta, plantean en toda su crudeza las exigencias del autoabastecimiento energético sostenible de Argentina. En un ambiente determinado por la creciente competencia en el mercado global de gas y petróleo, por los límites empresariales de Repsol y por la política de nacionalización parcial emprendida por el gobierno argentino de Cristina Fernández, el gobierno español de Mariano Rajoy amaga con un rumbo diplomático de choque. Testimonium paupertatis donde los haya de la “marca España”, el choque no puede menos que afectar al conjunto de las inversiones españolas en América Latina y retroalimentar el hundimiento de la confianza de los “mercados” en un Reino de España intervenido de facto por la UE, en plena crisis de su deuda soberana.

Un poco de historia: YPF y el sueño de un desarrollismo endógeno argentino 

YPF fue para los argentinos algo más que la principal empresa nacional y un símbolo de soberanía en materia de explotación de hidrocarburos.  Como bien señaló Gustavo Callejas (ex secretario de Combustibles y animador junto a Fernando “Pino” Solanas y Félix Herrero del Grupo Moreno que dio una batalla consecuente contra las privatizaciones),  la renta petrolera permitió en Argentina crear, desde 1934 hasta 1989, toda la infraestructura viaria nacional y provincial, construir la red troncal y expandir las redes domiciliarias de gas. Esos fondos fueron también determinantes para la construcción de todas las represas hidroeléctricas, aportaron a las cajas de previsión y financiaron a otras empresas del Estado. YPF creó pueblos, escuelas técnicas, redes de comunicación. Hasta su privatización, se contabilizaban reservas de gas para 36 años y de petróleo, para 23 años. Pero desde 1989 no se construyó un solo gasoducto o poliducto destinado al mercado interno. Ahora nadie sabe con certeza cuáles son las reservas argentinas de petróleo y de gas. Durante el gobierno de Menem, se construyeron gasoductos para exportar gas a Chile, un gran negocio para las transnacionales, mientras el 40 por ciento de los hogares argentinos carecían de él. 

En esa historia tan intensa de YPF,  y todo lo que ha significado para la política energética del país, no estuvieron ausentes los intentos de vaciamiento o liquidación, que finalmente tuvieron éxito en los años ´90.

El mismísimo general Perón, en su segundo mandato y frente a las dificultades que se advertían en la economía mundial tras el fin de la guerra de Corea, apuntó a un acuerdo con una de las Siete Hermanas, a la que ofreció un contrato de explotación de los yacimientos de la Patagonia, considerada ya entonces la región más prometedora en cuanto a reservas estimadas. Pese disponer de una mayoría absoluta en el Congreso, una parte de los diputados peronistas enfrentó a su jefe, una confrontación que fue finalmente interrumpida por el golpe de 1955 que derrocó a Perón.  

Luego vino Arturo Frondizi, que había transitado toda su vida política agitando la defensa del petróleo como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional, pero que al llegar al gobierno en 1958 dio un giro de 180 grados, haciendo todo lo contrario de lo prometido en campaña. Para imponer su plan de concesiones, tuvo que derrotar una huelga general de los trabajadores petroleros,  movilizándolos con el Ejército, y aplicando el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado). La Federación de los petroleros, dirigida entonces por combativos dirigentes como Marcelo Alvarado y  Ricardo Frigerio (nada que ver con Rogelio Frigerio, ideólogo y uno de los hombres más cercanos a Frondizi), pudo sostener la huelga en algunas zonas, aun desde la clandestinidad o movilizados militarmente. Entre los trabajadores petroleros se recordaba por décadas la hazaña de la destilería de Luján de Cuyo, que estuvo paralizada más de un mes después de que el movimiento a escala nacional hubiera  sido derrotado. Ni los técnicos italianos, que la habían construido y puesto en marcha  -y a los que trajeron para quebrar la huelga-, pudieron vencer la resistencia y sabotaje de los trabajadores y poner en funcionamiento la planta. 

Finalmente, los contratos de Frondizi fueron anulados por Arturo Illia, en un nuevo intento de restablecer el carácter estratégico de YPF en el sector energético,  lo que duró hasta el golpe militar de Juan Carlos Onganía (1966). En el breve período de Cámpora-Perón de 1973-1974, con José Gelbard al frente de la Economía,  otra vez se intentó corregir el rumbo.  Durante la Dictadura Militar de 1976-1983, YPF fue un botín de guerra codiciado por los mandos castrenses y sus socios empresarios y tecnócratas, como plataforma de grandes operaciones financieras y negociados. La patria contratista, que había nacido con Onganía  en 1966, vivía  con la dictadura de Videla su momento de gloria. Entre las operaciones financieras se computaron  el apalancamiento de préstamos para la compra de armamentos y otros mercadeos conexos, que dejaban grandes comisiones, de las que participaban eufóricos los nuevos ricos de la “patria contratista”. 

Vaciamiento y privatización irregular de YPF 

Como una muestra de las grandes paradojas de la historia política argentina, fue un abogado peronista riojano,  un personaje distinguido en ese tiempo por su facha Siglo XIX -cara chiquita entre el paréntesis de la melena y unas enormes patillas- quien denunció en 1982, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 3, de la Capital Federal (Expediente 41.545), el endeudamiento fraudulento y vaciamiento de YPF cometido por el régimen militar ya agonizante. 

Pero esa no sería la última de las paradojas, casi una comedia de enredos, si no fuese por la tragedia que siempre acompañó a esas prácticas políticas. Precisamente es el mismo Menem quien, al asumir el gobierno en 1989, renuncia al discurso de campaña, en una versión aumentada y corregida de la voltereta de Frondizi, para asumir plenamente la política económica neoliberal.  Esta vez, la hiperinflación, el contexto internacional  y el pasado todavía latente del terrorismo de Estado, contribuyeron a que se lograra destruir todo plan energético nacional. Sin embargo, esos vientos, con toda su fuerza, no eran suficientemente destructivos por sí solos. Había que quebrar a los trabajadores de las empresas públicas de energía y de servicios públicos. 

Se concibió para ello una estrategia muy eficaz, tejida de complicidades y maniobras. Uno de los instrumentos fue el programa de propiedad participada (PPP), por el que los trabajadores supuestamente  se quedaban con el 10 por ciento de las acciones: unas acciones que, en realidad, iban a manejar los dirigentes sindicales corruptos en cumplida connivencia con los empresarios, los bancos y el ministerio de Economía dirigido por Domingo Cavallo. Otro de los medios fue el reparto de las satrapías entre los gobernadores de las provincias petroleras, virtuales señores feudales con una participación decisiva en el negocio petrolero. El “chamullo” técnico, por usar lenguaje tanguero, fue que  el petróleo y el gas ya no eran más recursos naturales estratégicos, sino que, a causa de la “globalización”, del “fin de los Estados-nación (sic)”, etc., etc., eran bienes transables, commodities, con un comportamiento en el mercado igual que el maíz, el café, la soja, el azúcar, etc. Un concepto que no resistió la menor prueba, ya que apenas se dio vuelta la página, continuaron por doquiera las guerras geopolíticas por el dominio de las regiones ricas en hidrocarburos. 

Consumada la privatización, la nómina de personal de YPF pasó de 37.000 a  5.500 trabajadores. Numerosas actividades fueron o tercerizadas o desguazadas. Entre ellas, la poderosa flota petrolera de la empresa estatal. Varias de esas naves fueron vendidas, entre los amigos, sin registros contables; y a muchas, se las puede hoy ver abandonadas en cementerios flotantes sobre el río Paraná. Con todo descaro, algunas de las empresas contratistas que manejan resortes fundamentales de la operatoria de YPF figuran con domicilio legal en la sede de la Federación del SUPE, el mismo edificio que en 1958 ocupaban aquellos luchadores infatigables –tan penetrados de consciencia de clase— elegidos por el voto libre de sus afiliados y que murieron casi en la pobreza. 

Todo este proceso de privatización de YPF estuvo viciado de ilegalidad desde su origen. Entre las numerosas denuncias formuladas en los tribunales, con el patrocinio del ex juez Salvador María Lozada, Pino Solanas presentó en su momento un recurso de inconstitucionalidad muy bien fundamentado. La respuesta fue un atentado: nueve balazos en una plaza de estacionamiento; varios tiros que, afortunadamente, sólo encontraron sus piernas, ya fuese por milagro o porque en realidad quienes dispararon eran sicarios profesionales que sólo tenían ordenes de intimidar. 

Dada la muchedumbre de antecedentes irregulares de la privatización de YPF y del gas (hasta el punto de que se llamó a la bancada parlamentaria a un diputado “trucho”, a fin alcanzar el número necesario de votos), resulta ahora cuando menos jocoso escuchar las apelaciones a la “seguridad jurídica”. Entre otras aberraciones legales o procedimentales, YPF fue vendida sin tasación previa, según prescribía la Ley de Reforma del Estado diseñada a propósito por el “genio” jurídico de las privatizaciones, Roberto Dromi, ahora rehabilitado como asesor del ministro de Planificación, Julio de Vido, y –¡oh ironía de las ironías!— posible director técnico de la ahora pretendida renacionalización. 

La gestión de REPSOL 

Al asumir la presidencia Néstor Kirchner, en 2003, la relación con Repsol pasaba por buenos momentos. Como gobernador de una provincia petrolera, Kirchner había tenido un protagonismo relevante en el proceso de privatización del petróleo y del gas y luego en la negociación y la venta del paquete a Repsol. Así pues, las relaciones con los directivos de la empresa española iban por buen camino. 

Sin embargo, tras el colapso del régimen de convertibilidad, la pesificación y el default (suspensión de pagos),  el campo  de las negociaciones con las empresas privatizadas o de servicios públicos concesionados estaba minado. En noviembre de 2003, nuestro amigo Rubén Lo Vuolo, advertía:
.“Es indispensable realizar una estricta auditoría sobre las reservas comprobadas, tanto en el campo del petróleo como del gas, y establecer restricciones a la relación entre las exportaciones y las reservas. La prioridad es el normal abastecimiento del mercado interno a precios que sustenten las necesidades de la matriz insumo-producto local. Esto obliga a revisar criterios de libre exportación de petróleo, gas natural y derivados, como así también las exigencias en materia de explotación. Antes de exportar, las empresas deberían mostrar evidencias ciertas con respecto a un horizonte de duración de las reservas comprobadas que no sea inferior a los 10-15 años, como así también sería necesario establecer que las empresas productoras de gas y petróleo destinen un porcentaje de sus inversiones a actividades de exploración, con independencia de la duración de las reservas comprobadas de sus yacimientos”.  (1)   

Nada de eso se hizo. Las petroleras siguieron funcionando como en los años 90. Y cuando se impusieron restricciones a la liquidación en el país de las divisas por exportaciones, las petroleras y las mineras fueron exceptuadas. Los gobernadores, a su vez, otorgaron escandalosas prórrogas para la explotación de importantes yacimientos, anticipándose 20 años algunas a la fecha de su vencimiento, cuando la ley establece que, para renovar una concesión, se tiene que evaluar la conducta y desempeño de la empresa en las últimas décadas. Un verdadero grotesco. Quien sabe algo de los negocios financieros, puede imaginar fácilmente las consecuencias que trae en los mercados de valores el hecho de que a una petrolera se le renueve la concesión de un área productiva por 20 años. 

Desinversión o vaciamiento de YPF 

Las compañías mineras y petroleras han gozado de privilegios especiales, no sólo por el diseño y estructura de las privatizaciones, acordes con el modelo “neocon” de los años 90, sino porque el marco regulatorio es absolutamente permisivo. Por ejemplo, aun en los casos comprobados de daño al medio ambiente, las concesionarias no han tenido siquiera que pagar el valor de la reparación del año ocasionado. Tampoco se ha planteado la obligación legal de reformular la operatoria para evitar futuros accidentes. Simplemente, cuando han sido sancionadas, las compañías extractoras se han limitado al pago de una multa, que es siempre infinitamente más barato que un procedimiento ambientalmente sustentable. 

Tanto Alfonso Cortina como Antonio Brufau, principales directivos de Repsol desde la compra de YPF, han estado al corriente de estas historias. No podían ignorar que más temprano que tarde, por  la forma de conducir el negocio, iban a un choque de trenes con el gobierno argentino, más allá de las voluntades individuales.  

El crecimiento sostenido de la economía argentina de los últimos años, con el correspondiente incremento del parque automotor, disparó la demanda de combustibles y gas (fuel, gas y gasoil para la industria y el agro), factor al que han de agregarse los coletazos de la crisis mundial, que han tenido gran impacto en la cuenta de los hidrocarburos. En un curioso negocio publicitado como el “proceso de argentinización” de YPF, Repsol había aceptado la venta del 25,4% de las acciones, por un valor de 1.304 millones de dólares, al Grupo Petersen del banquero argentino Eskenazi, un antiguo conocido de Néstor Kirchner totalmente extraño al negocio petrolero. Repsol sacó a sus principales hombres de Buenos Aires, y cedió de inmediato la dirección de la empresa a los nuevos socios. Unos socios que, conforme a la ingeniería financiera aprobada por Repsol y el gobierno argentino, ponían un dólar al contado y cancelarían su deuda con los mismos beneficios o utilidades generados por la compañía en el futuro.  

O sea –y es crucial entender bien este punto—, que para recuperar el crédito lo antes posible, era fundamental aumentar los beneficios y disminuir la inversión, pero en un contexto totalmente diferente y adverso. Lo cierto es que, dada la moratoria hasta 2013 acordada a los créditos a Eskenazi, Repsol no ha recibido aún ni intereses ni principal, estando, en cambio, obligada a recomprar ese paquete de acciones de YPF (25,46%) a 34 dólares la acción, si pierde el control mayoritario de la compañía argentina –en el mercado bursátil cotizaban el 13 de abril a 21,95 dólares— o disminuyen los beneficios o utilidades repartidos.  

Este proceso esta muy bien descrito en un reciente trabajo del colectivo argentino Economistas de Izquierda (EDI): 

“Repsol se apoderó de YPF cuando el barril que actualmente ronda los 100 dólares sólo costaba 20 y dedicó su gestión a vaciar los pozos ya descubiertos. Giró sistemáticamente utilidades al exterior e invirtió en otras regiones (EEUU, Brasil, México, Caribe, África). Argentina figuró siempre como la principal fuente de ingresos de la compañía y la renta del subsuelo nacional fue destinada a abrir negocios en otras latitudes.

En sus propios balances se informa que esos lucros surgieron del vaciamiento de los pozos ya existentes. Esa extracción aseguró un altísimo nivel de rentabilidad. Sólo en el período 2008-2010 la empresa obtuvo beneficios netos por 13.380 millones de pesos y distribuyó el 90 % de esas ganancias. 

“Un fraude complementario fue perpetrado por los capitalistas argentinos aliados del gobierno (familia Eskenazi). Ingresaron a la compañía adquiriendo el 25 % de las acciones, con fondos surgidos de la distribución de las utilidades. No pusieron un solo peso y financiaron su compra con créditos solventados en el vaciamiento de la empresa. 

“El gobierno participó directamente de esta operación. Destrabó obstáculos legales y sancionó ajustes de precios en los surtidores. Supuso que esta “argentinización” permitiría recuperar el control sobre un sector devastado por las privatizaciones. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, puesto que los empresarios nacionales acentuaron el parasitismo de los ibéricos.

En los últimos meses este desastre comenzó a repercutir sobre la economía y obligó al gobierno a presionar por un incremento del abastecimiento. El oficialismo se enojó con sus viejos socios, quitó subsidios a las empresas (programas petróleo, refino y gas plus), denunció sobreprecios en el gasoil, cuestionó prácticas monopólicas (vender más caro a los transportistas que en los surtidores) y obligó a liquidar las divisas de exportación. Además, votó en el directorio de YPF contra el reparto de dividendos, amenazó con introducir fuertes regulaciones y desplegó una retórica muy beligerante (“no podemos volver a la época del Virreinato”)”. (2) 

El desencadenante de la crisis y el juego del gallina 

En diciembre de 2010, la compañía Ryder Scott certificó la existencia de reservas de gas y petróleo no convencionales equivalentes a 22.807 millones de barriles en la zona de Vaca Muerta, entre las provincias de Neuquén y Mendoza. Su explotación convertiría a la Argentina en autosuficiente y triplicaría las reservas conocidas del país. YPF, que produce el 39% del petróleo y el 28% del gas argentinos, ve con esta certificación de su concesión de Vaca Muerta aumentar su valor bursátil y su importancia estratégica. 

Al mismo tiempo, huelga decirlo, pone directamente en cuestión las fórmulas y expectativas que estaban detrás  de la “argentinizacion de YPF” en un mercado global de fuerte competencia por las reservas de hidrocarburos, exacerbada por la irrupción de las compañías petroleras chinas. La puesta en explotación de Vacas Muertas exige una inversión en los próximos años de 25.000 millones de dólares, mientras que el plan inversor comprometido por Brufau en carta a la Presidenta Cristina Fernandez es de 3.416 millones de dólares en 2012, después de 3.029 millones en 2011. La reinversión de beneficios de YPF esta limitada por el acuerdo con el Grupo Petersen, que establece que se repartirá en un 90% para asegurar el pago de los créditos otorgados por Repsol para la compra de su paquete de acciones de YPF. Las cifras, simplemente, no cuadran, si la prioridad del gobierno argentino es el aumento de la producción y la autosuficiencia energética, independientemente de las comisiones implícitas en el proceso de nacionalización para controlar el 51% de las acciones de YPF (3). 

Es evidente que a partir de enero de 2012 las autoridades argentinas han puesto en marcha su estrategia. La propiedad de las reservas es legalmente de los gobiernos provinciales, seis de los cuales han comenzado a retirar las licencias de explotación en zonas bajo su jurisdicción, acompañando este acto administrativo con las oportunas movilizaciones populares. El efecto inmediato ha sido una caída del valor bursátil de las acciones de YPF en más de un 30%, y sigue cayendo… Según el borrador del proyecto de nacionalización filtrado por el periódico Clarín, el gobierno argentino se haría con el 50,01% de las acciones de YPF con la compra del 25,46% de la familia Eskenazi y el 24,55% de Repsol, de un paquete mayoritario actual del 57,43% de la empresa española. A pesar de que cualquier adquisición por encima del 15% obliga a una OPA global sobre el conjunto de YPF, la estrategia del gobierno argentino es dejar de lado el 17% en manos de inversores institucionales, en una buena parte de EE UU, que sin duda encontrarían compradores interesados en el mercado, tal vez chinos. 

Las idas y venidas de los negociadores españoles durante estas semanas, incluyendo los infructuosos viajes a Buenos Aires del ministro de industria Soria y del presidente de Repsol, Brufau –recibidos por los ministros argentinos de economía, Hérnan Lorenzino, y de planificación, Julio de Vido, pero no por la Presidenta Cristina Fernandez—, operan en un cronograma que se asemeja a lo que en teoría matemática de juegos se llama el “juego del gallina”: un juego en el que ambos jugadores pueden destruirse, y gana, si alguno finalmente lo hace, el más temerario y con menor aversión al riesgo. En efecto: en 90 días, los gobiernos provinciales argentinos deberán asumir los sueldos de las plantillas y las perdidas de las regalías de YPF en sus magros presupuestos; mientras, el precio de las acciones de Repsol -no ya las de YPF- han cedido un 26% de su valor (de 23,73% a 17,47% euros) ante la perspectiva de la nacionalización de YPF, frente a una caída media de la bolsa de Madrid del 15%.  

La convocatoria, la semana pasada, de una reunión de la Presidenta Cristina Fernández con los presidentes de los gobiernos provinciales petroleros despertó todas las alarmas en el Reino de España, mientras circulaban por los bufetes de abogados especializados hasta cuatro borradores distintos del proyecto de nacionalización de YPF. Desde Varsovia, adonde acompañaba a Mariano Rajoy, el ministro de industria Soria, hizo una advertencia, más sombría aún que puerilmente solemne, “ante los gestos de hostilidad”, amenazando al gobierno argentino con “serias consecuencias”. El secretario de Estado para Europa, Méndez de Vigo, auguró que Argentina se convertiría en un “apestado internacional”. Al día siguiente, tras recibir al embajador argentino en Madrid, el ministro de exteriores García Margallo elevó ante las cámaras el tono de la amenaza, dedo en ristre, tronando todo tipo de represalias (4).  

El juego del gallina continúa: la diplomacia de la “marca España”, en acción

La crisis de YPF-Repsol pilla a la diplomacia española con el pie cambiado y sumida en sus contradicciones, tras la formación del conservador gobierno Rajoy en diciembre de 2011.

Las empresas españolas son el primer inversor extranjero en la República Argentina (23.000 millones de dólares) y suponen cerca de un 15% del PIB argentino. Al mismo tiempo, empero –y con mayor motivo, en la situación de crisis en España—, una parte importante de sus beneficios, del valor de sus acciones en bolsa y su misma naturaleza de empresas transnacionales depende de sus inversiones en América Latina, que a comienzos de este siglo superaban ya los 90.000 millones de dólares. 

Actualmente, las suyas suponen dos tercios de toda la inversión directa española en el exterior (5). 

La reacción del gobierno Rajoy –en mitad de una semana entre negra y esperpéntica, en la que el diferencial de la deuda española superaba los 410 puntos y la bolsa se hundía por debajo de los 7.300 puntos, con los “mercados” rechazando los presupuestos y recortes del plan de ajuste, una delegación de la Comisión europea inspeccionando sus cuentas en Madrid y el Rey de España borboneando furtivamente en Bostuana— ha seguido en el tono de “enviar una señal de confianza a los mercados”. Probablemente, con el mismo éxito para la “marca España” que el cosechado en lo tocante a la economía nacional. 

La “señal” lanzada con la imperita cadena de destempladas amenazas de bajísima credibilidad, buscando más o menos erráticamente la alianza con México (que participa a través de Pemex como socio minoritario en Repsol) como presidente de turno del G-20, con la Comisión europea, con Colombia (como anfitriona estos días de la Cumbre de las Américas de Cartagena), o con los EE UU, muestra hasta qué punto la diplomacia española, tras el giro expresamente neoconservador de su política exterior, ha quedado aislada en América Latina. Una América Latina que se recupera de las “décadas perdidas” neoliberales, en las que las empresas transnacionales españolas hicieron su agosto en procesos de privatización más que dudosos, por decir lo menos. En ese proceso privatizador terminaron precisamente por constituirse como empresas transnacionales, y hoy tienen que competir no sólo con otras transnacionales de EE UU y Europa, sino de Brasil y China. Y tienen, además, que lidiar con los legítimos procesos de renacionalización y recuperación de soberanía iniciados por los gobiernos de los países del ALBA y, ahora, por el kichnerismo argentino. Y lo cierto es que, en esta situación de creciente competencia en un mercado globalizado, las empresas españolas, ni por su capacidad económica ni por el apoyo político con que cuentan, se hallan en las mejores condiciones competitivas. 

Pero todo es susceptible de empeorar, y los elementales errores de estrategia diplomática son desde luego un factor de empeoramiento. El conflicto por el 24,55% de las acciones en juego de Repsol en YPF puede acabar afectando no solo al conjunto de la inversión española en Argentina, sino también en toda America Latina. El síndrome de la “seguridad jurídica” de la derecha española surge directamente de su experiencia traumática de la crisis argentina de 2001, cuando frente a la intervención de la banca española en Argentina, Aznar solo pudo recurrir a la presión de EE UU, ante la incapacidad de reacción de la UE: eso, y no otra cosa, es lo que propició el giro “atlantista” que desembocó en la foto de las Azores, la participación en la Guerra de Irak y la manifiesta displicencia hacia el núcleo de la “vieja Europa”. Pues bien; esa interpretación aznariana de la defensa de los intereses de la “marca España” y de las empresas trasnacionales españolas en America Latina constituye ahora el núcleo de la nueva política exterior conservadora española, siempre bajo presión del propio Aznar y de su ideológicamente venenosa fundación FAES. De lo que se trataría, en substancia, es de una confrontación ideológica “sin complejos” con el “populismo”, y a favor de la “libertad de mercado” y de la “democracia liberal” (6). 

Más consciente de la tensión estructural subyacente en las inversiones españolas en América Latina, la diplomacia del anterior gobierno del PSOE buscó una estrategia de “acompañamiento” y adaptación a la nueva situación política surgida en la última década, multiplicando alianzas asimétricas con los países de la zona, apalancando políticamente las inversiones en una estrategia multilateral iberoamericana y gestionando los conflictos inevitables con una mayor presión hacia las empresas españolas para que cumpliesen con su “responsabilidad social corporativa”, reinvirtiendo en la zona. Una estrategia que, al menos, y justo es decirlo, evitó en su día choques abiertos de Repsol con Ecuador, Bolivia y Venezuela.  

Lo que, por el momento, parece primar ahora es la botaratada, y una escalada de amenazas que no puede sino alimentar la consabida espiral de endurecimiento de posiciones, en la República Argentina no menos que en el Reino de España. Ni que decir tiene que, en un marco de creciente debilidad del peso político español en la UE, la contaminación por “inseguridad jurídica” de las inversiones españolas en América Latina a causa de una mala gestión diplomática de la crisis de YPF-Repsol agravaría la crisis de confianza de la UE en el gobierno Rajoy, para no hablar de los dichosos “mercados”.

NOTAS: 

(1) Lo Vuolo, R. (2003): Estrategia económica para la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI-Ciepp. 

(2) Claudio Katz, Eduardo Lucita, Jorge Marchini et al.(marzo 2012): Afloran los límites del modelo, Buenos Aires. Economistas de Izquierda (EDI) (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147522).  

(3) Por supuesto, no faltan teorías conspirativas de todo tipo en la prensa española para explicar la posición argentina. Valga señalar una, que recoge el nuevo espíritu de  “lucha de clases” de la derecha española, aparecida en el periódico digital El Confidencial: (http://www.elconfidencial.com/opinion/mientras-tanto/2012/04/15/la-pasionaria-argentina-y-su-cachorro-marxista-9047/).  

(4) http://www.cincodias.com/economia/videos/margallo-confia-dialogo-solucionar-conflicto-argentina/20120413cdscdseco_1/  

(5) Ver Alfredo Arahuetes, “Las inversiones directas españolas en America Latina en el periodo 2001-2010″, Anuario Iberoamericano 2011, (http://www.anuarioiberoamericano.es/pdf/2011/analisis/6_alfredo_arahuetes.pdf). 

(6) FAES, America Latina: una agenda de Libertad 2012, (http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/3304/AMERICA_LATINA_WEB.pdf) presentada recientemente, con un publico de opositores cubanos y venezolanos, en el mismo escenario en el que se quiere celebrar en octubre de este año la Cumbre Iberoamericana, dedicada a las Cortes de Cadiz de 1812. 

María Julia Bertomeu (Buenos Aires), Carlos Abel Suárez (Buenos Aires) y Gustavo Búster (Madrid) son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso. Antoni Domènech (Barcelona) es el editor general.

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