domingo, 5 de febrero de 2012

Guerra virtual

[nota extraída de Debate]


Por Federico Corbière Los contrapuntos por la propiedad intelectual que llevaron al blackout de Wikipedia y los ataques en la web después del cierre de Megaupload prueban que las industrias culturales son ahora un campo de batalla.


La trama oculta de la “megaconspiración” investigada por el FBI, que culminó con la detención de los dueños del servidor de descargas Megaupload en Nueva Zelanda, descorre el velo de un juego de presiones políticas y económicas en el cual las viejas prácticas de la “guerra fría” parecen resurgir como estrategia para obtener poder interno y reposicionamiento global por parte de ciertos grupos de presión norteamericanos ligados a las industrias culturales y de aquellos nacidos de la innovación y el desarrollo comunicacional.
Sólo así resulta posible comprender cómo la eventual creación de una suerte de policía de Internet entra y sale de la agenda legislativa de Estados Unidos, con diversas leyes que se tornan efímeras cuando acciones directas de cuerpos de Inteligencia desoyen el debate.
Por el malestar generalizado, los mismos impulsores de la normativa ya propusieron cambios; en tanto, la Casa Blanca anunció su rechazo de plano a toda iniciativa que afecte la libertad de expresión, en un año electoral en el cual Barack Obama pone en juego su reelección. Sin embargo, sus declaraciones no coinciden con el funcionamiento autónomo del FBI.

TODOS VIGILADOS
SOPA y PIPA son las siglas que llevaron a esta escalada virtual. ¿De qué se trata?, de dos proyectos destinados, supuestamente, a perseguir la “descarga” de contenidos producidos por las industrias del cine, la televisión y la música.
Ambas propuestas surgieron del conservadurismo republicano, pero encontraron rápido consenso en el Partido Demócrata. El primero con origen en la Cámara de Representantes y, el segundo, promovido desde el Senado. Semanas atrás salió de una galera la solución mágica conocida como OPEN.
Stop OnLine Piracy Act (SOPA) y Protect IP Act (PIPA) son bastante parecidas: buscan restringir el acceso a sitios infractores de la ley de propiedad intelectual adentro y afuera de la jurisdicción de Estados Unidos, bajo la autoridad del Departamento de Justicia de ese país; instar a las empresas de publicidad a imponer barreras financieras; y obligar a los motores de búsqueda como Google a colaborar en la localización y persecución de páginas “maliciosas” para borrar enlaces.
La principal diferencia es que SOPA da inmunidad legal -sin el debido proceso- a los sitios de anuncios o redes de pago por los eventuales “daños” generados a los dueños de las plataformas digitales, aun en caso de no comprobarse delito alguno, y, en especial, por obligar  a los proveedores de servicio de red  a operar como aduanas de contenido para cerrar el acceso a las páginas bajo sospecha.
En los hechos, ambas normativas violan la Digital Millenium Copyright Act (DMCA), que declara a los proveedores de Internet como un “puerto seguro”. Entiéndase: un santuario que exime a quienes dan ancho de banda a mezclarse en los negocios realizados sobre su canal de distribución de datos.

ORGANISMOS GLOBALES
La DMCA es una norma sancionada, en 1998, para adecuar el entorno digital a los Tratados de Internet (TODA y TOIEF) celebrados dos años antes ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo perteneciente a las Naciones Unidas que intenta proteger tanto el derecho de acceso a la cultura como la propiedad intelectual, en una suerte de doble estándar jurídico sin solución aparente.
Por esos años,  Al Gore -vicepresidente durante la gestión Bill Clinton- promovía el desarrollo intensivo de las “Autopistas de la Información”. Pocos imaginaban a Internet como un espacio de libertad y en constante desafío a toda forma de control.
Online Protection and Enforcerment of Digital Trade Act (OPEN) sería una solución al paso. Sus autores insisten en ahogos financieros como medidas persecutorias; pero, esta vez, sin obligar a los jugadores fuertes de Internet a convertirse en censores de sus propios clientes.
La autoridad de aplicación de OPEN  quedaría en la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos y evitaría así la grosería de convertir a los juzgados federales locales (dependientes del Departamento de Justicia) en una suerte de Corte global.
Lo cierto es que OPEN genera una falsa ilusión de ciudadanía. El congresista californiano Darrell Issa tuvo la astucia de imitar a Wikipedia e invitar a los internautas a comentar y reescribir el proyecto para colaborar con el mismo. Issa diseñó una ridícula página en la que presenta un mecanismo propio del Derecho a la Información conocido como “elaboración participativa de normas”, pero sin audiencias públicas presenciales, y con un foro poco representativo, reducido a sus seguidores de Internet, en: 
http://keepthewebopen.com/

AMIGO-ENEMIGO
¿Por qué resulta tan importante el campo cultural como espacio de batalla? ¿Qué intereses están en disputa? ¿Cómo responde esta suerte de ciudadanía global a las políticas de control en la Web? ¿El FBI puede convertirse en la policía del mundo? Éstos y otros interrogantes surgen en un escenario claramente confuso.
Lo interesante del caso está en el cambio de táctica. Sean republicanos o demócratas, las muertes por goteo de militares norteamericanos en sus múltiples intervenciones, el sangriento asesinato del líder libio Muammar Khadafy y los comprobados abusos de marines a sus prisioneros en la Bahía de Guantánamo (Cuba) parecen inadecuados para una campaña electoral que tiene como eje afrontar el golpe persistente de la crisis subprime.
Mientras tanto los usuarios pueden excitarse y optar por ser espías de la anárquica red Anonymous, militantes de movimientos promotores de los “derechos digitales” o simples espectadores que no gastan fuerza en ver a través de la persiana americana.
Como Google, Yahoo!, Amazon.com, eBay, LinkedIn, Pay Pal, Twitter, Facebook, Skype y otros jugadores fuertes de Internet se resisten a  SOPA, el solo planteo de OPEN redujo el conflicto justo cuando, por única vez, se planteó un esfuerzo coordinado de las empresas de Internet mencionadas con organizaciones promotoras de una cultura libre como Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch, Electronic Frontier Foundation, Mozilla y Reddit, además de la Fundación Wikimedia, que ya había protestado junto a Wordpress, Google y miles de sitios que expresaron su rechazo con carteles en sus portadas.
Así las cosas, las empresas agrupadas en la organización NetCoalition pasaron a constituirse en agentes dobles dentro de la lógica de amigo-enemigo lanzada por el FBI. El vocero de la coalición, Markham Erickson, ya había planteado, a fines de 2011, la contratación de firmas dedicadas al lobby (Cisne Negro y TwinLogic) para ganar posiciones en el Capitolio, una práctica cotidiana y bien vista en el mundo corporativo.
El aplazo temporal en el tratamiento de la ley PIPA y el nunca acontecido apagón programado para el 23 de enero dejaron en evidencia tres sectores de intereses contrapuestos: los activistas de Internet en sus múltiples variantes, las vetustas compañías ligadas a un modelo industrial agotado, partidarias en endurecer la norma, con la Motion Picture Association of America (MPAA) al frente de más de doscientas empresas ligadas al mercado audiovisual; y la mencionada NetCoalition, que poco interés tiene en la situación de Megaupload, los procesos locales contra los  hermanos Botbol (Taringa!) o Tomás Escobar (Cuevana).
Mientras tanto, en el plano geopolítico el costoso intervencionismo del complejo militar industrial transita rápidamente hacia una fase de control cibernético. Su principal blanco ya no es Al Queda sino quienes violan los derechos de propiedad intelectual.

ANTECEDENTES
Ya en 1996, un Comité Europeo para los Problemas de la Delincuencia (CDPC) presentó el documento “Los problemas del derecho procesal penal en relación con la tecnología de la información”, donde se mencionaba como delito informático, entre otros, “la violación de los derechos de autor”, y se abría la posibilidad de aplicar formas coercitivas sobre el “entorno tecnológico, el allanamiento y el secuestro en los sistemas de procesamiento de información”.
En octubre de 2004, tales recomendaciones excedieron las fronteras europeas con el caso Indymedia, un sitio de escasa calidad periodística pero con fuerte presencia en el submundo de la comunicación alternativa. Por entonces, diversas agencias de noticias informaron sobre la confiscación de dos servidores alojados en el proveedor Rackspace Inc. (con sede en Texas).
El gobierno estadounidense se amparó en un Tratado de Asistencia Judicial Mutua (MLAT), “para la investigación sobre terrorismo internacional, secuestros y lavado de dinero”, Rackspace aceptó la intervención del FBI y la medida afectó el funcionamiento de más de veinte sitios de la red Indymedia, de las 140 que tenía por entonces en el mundo.
La acción fue realizada en colaboración con el Internet Crime Complaint Center (IC3), una asociación mixta entre la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el National White Collar Crime Center (NW3C), con el objetivo supuesto de perseguir los crímenes cibernéticos dentro de ese país.
Según explica la página oficial del FBI, “la misión de NW3C es proporcionar un sistema de apoyo a nivel nacional para los organismos involucrados en la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los derechos económicos y los delitos de alta tecnología”.
No obstante, con Indymedia el FBI traspasó sus límites territoriales. El argumento de la censura fue la publicación de la fotografía de dos inspectores suizos que formaban parte de un cuerpo de elite y estaban  encargados de pesquisas por los incidentes durante la Cumbre del G-8, en Evián, durante 2003.
La representación judicial por la incautación a Indymedia fue llevada adelante por los abogados de la citada Electronic Frontier Foundation, dedicada a defender la libertad de expresión.

CAZA DE BRUJAS
Más allá de las versiones periodísticas  que implican a Taringa! en las investigaciones del FBI, si hay algo seguro es que los dueños del sitio argentino no integran una red mafiosa de lavado de dinero diseminada en paraísos fiscales ni representan células terroristas. Tampoco ocurre con la experiencia comercial de Tomás Escobar y Cuevana, en riesgo de desaparición por el cierre de Megaupload.
Las versiones sobre la inclusión de Taringa! en los papeles del FBI surgen de un documento presentado en un tribunal federal del distrito Este de Virgina, que tiene como precedente un informe, de 2009, presentado durante los primeros debates de la Ley de Economía Sostenible (España) que intenta perseguir  la llamada “piratería” desde 2011 (ver recuadro).
Taringa! aparece junto a ArgentinaWarez en un listado realizado por la CooperRight Agency para la Coalición de Creadores de Industrias de Contenidos de España, a pedido del Ministerio de Cultura durante el paso Ángeles González-Sinde, una realizadora cinematográfica que profundizó las políticas coercitivas ya existentes como el pago de “canon digital” (sobre cualquier soporte de almacenamiento) para la  copia privada, sin importar el tipo de contenido.
Pero hay que ser cuidadosos en esta guerra sin rostro contra la “piratería”. Si usted  su hijo o alguien de su entorno descargó en forma ilegal V de Venganza, para ver a la bella Natalie Portman o copiar la máscara del film para estos carnavales, puede estar en problemas y ser considerado por el FBI el líder oculto de la red Anonymous. No es un dato menor. De concretarse la extradición del fundador de Megaupload a Estados Unidos, a Kim Schmitz le espera una condena de 55 años.
En febrero, SOPA tiene otra cita en el Capitolio. De no volver a posponerse, allí se verán los cambios de receta y el alcance de los grupos de presión. Mientras tanto el poder fáctico del FBI se medirá con usuarios anónimos, que entre otras travesuras, colgaron en la red el catálogo casi completo de Sony Music.


SOBERANÍA EN LA RED

La tendencia global al control de contenidos por Internet presenta un fondo complejo que excede a los derechos de autor.

Wikileaks, en 2010, reveló 35 telegramas a la embajada estadounidense en Madrid para acelerar la sanción de una ley “antidescargas”.

El caso español con la Ley de Economía Sostenible incorpora en su disposición final la regulación de descargas de Internet. Su blanco principal son los “usuarios” sobre los que se compruebe la violación reiterada respecto de contenidos no autorizados para su distribución gratuita en la red.

Como en el caso Cuevana, la aplicación de la “Ley Sinde” necesita la mediación de una orden judicial e impone mecanismos de filtrado de bienes protegidos a los proveedores de Internet (ISP).

La iniciativa estadounidense Stop Online Piracy Act (SOPA) es bien distinta. Recupera instancias de mediación judicial, pero introduce la novedad de apuntar, no sólo a los usuarios, sino al ahogo financiero de las empresas basadas en la publicidad on line. Lo cual afecta el motor de crecimiento de la mayor parte de los negocios en Internet.

SOPA prevé que los gigantes Pay Pal y VISA, entre otros, sean solidarios en acciones directas de bloqueo financiero para así, trascender las fronteras nacionales sin la necesidad de apelar a lentos pedidos de asistencia mutua.

Ya en los setenta, el entonces consejero de Seguridad Nacional del gobierno demócrata de Jimmy Carter y politólogo especializado en estudios soviéticos Zbigniew Brzenzinki confirmó que ese país dominaba el 65 por ciento de las comunicaciones mundiales.

Hoy, la disputa velada está entre quienes manejan la circulación de contenidos por las redes troncales (backbone). Lo cual implica tanto el control de bienes culturales, el uso de sistemas de comunicación móvil como WhatsAPP o el resurgimiento de las temibles redes de televigilancia global, como Echelon (NSA), Emfopol (Unión Europea) o Carnivore (FBI).

3 comentarios:

  1. Y otra muy buena: http://twitpic.com/8aaeh8
    Cordialmente,
    Yo.

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  2. No es para nada creíble lo que ueda decir la casa blanca al respecto y Obama en particular , el promulgando la ley que permite el encarcelamiento sin motivo , demuestra claramente que mientras se muestra como defensir de la libertad , en realidad comparte con los republicanos la doctrina Bush

    Un abrazo

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    Respuestas
    1. Esos no defienden la libertad de expresión. Defienden otra libertad que, curiosamente, requiere una nutrida cantidad de esclavos.
      Cordialmente,
      Yo.

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