miércoles, 30 de mayo de 2012

Más y mejor Estado


[NOTA ORIGINAL EN EL DIPLO]



Cuánto poder político se requiere para imponer condiciones a las empresas mineras que operan a nivel global? ¿Qué papel cumplen los Estados latinoamericanos en el entramado de intereses en los que se insertan esas compañías? ¿En qué medida puede equipararse la situación de las inversiones de las grandes empresas mineras en la región a la de las “economías de enclave” que los países centrales imponían en la periferia a principios del siglo XX?

Vale la pena analizar algunos episodios de las últimas semanas registrados en muy diversos países para iniciar algunas reflexiones. El 6 de marzo de 2012, Ecuador autorizó, a pesar de importantes protestas sociales, el primer emprendimiento minero a gran escala en el país. Rafael Correa realizó un acuerdo con una empresa china, que implica para el Estado quedarse con el 52 por ciento de la renta que genere el nuevo emprendimiento.

En tanto, el 19 de marzo, el Parlamento de Australia aprobó un nuevo impuesto del 30 por ciento a las ganancias del mineral de hierro y el carbón. El proyecto gubernamental debió superar el escollo no sólo de los sectores abiertamente opuestos al impuesto, sino también la resistencia de los “verdes”, que querían llevar la alícuota al 40 por ciento. Ahora –según la agencia Reuters– la medida que fue diseñada para “difundir los beneficios del auge de los recursos a otras partes de la economía” está siendo observada “con atención por otros países ricos en recursos”.

De hecho, el cercano gobierno de Filipinas anunció algunas horas después que buscará imponer mayores impuestos y restricciones ambientales a la industria minera.

La fijación del tributo en Australia motivó un enfrentamiento del gobierno de la laborista Julia Gillard con algunos de los mayores multimillonarios del país. Al asumir, Gillard había negociado una alícuota más baja que la planteada inicialmente para el impuesto y luego la acotó a la producción de dos minerales. Sin embargo, en el marco del duro debate por la nueva ley, su gobierno debió salir a denunciar que el “creciente poder” de “un puñado de intereses egoístas” –en referencia a algunos de los magnates mineros– estaba “amenazando la democracia”.

El conflicto australiano es digno de estudio ya que el país –que no es una nación periférica aunque tampoco un territorio del cuadrante Noroeste del mundo– se convirtió en uno de los líderes globales del negocio minero. Las empresas del sector con cuarteles generales en la isla no sólo se dedican a la inversión extranjera sino que desarrollan también allí su actividad.

Como vemos, el mapa de esta conflictiva industria extractiva es complejo, cambiante, en parte novedoso y está siempre plagado de conflictos que requieren de una mayor y mejor intervención estatal.


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